Sandra Pettovello

Sandra Pettovello
Pettovello en 2024.
Ministra de Capital Humano de la Nación Argentina Actualmente en el cargo
Desde el 10 de diciembre de 2023
Presidente	Javier Milei
Predecesor	Jaime Perczyk[a]​ Victoria Tolosa Paz[b]​ Kelly Olmos[c]​ Ayelén Mazzina[d]​
Información personal
Nacimiento	6 de abril de 1968 (56 años) Buenos Aires, Argentina
Nacionalidad	Argentina
Familia
Cónyuge	Pablo Rago (1993-1994)
Hijos	1
Educación
Educación	Periodismo
Educada en	Universidad de Belgrano Universidad Austral
Posgrado	Universidad Internacional de Cataluña
Información profesional
Ocupación	Periodista, productora y política
Partido político	Unión del Centro Democrático (desde 1987)
Afiliaciones	La Libertad Avanza (desde 2021)
Notas
↑ como Ministro de Educación ↑ como Ministra de Desarrollo Social ↑ como Ministra de Trabajo ↑ como Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad
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Sandra Viviana Pettovello ​(Buenos Aires, 6 de abril de 1968) es una periodista y política argentina, vicepresidenta de la Unión del Centro Democrático por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la actual ministra de Capital Humano, desde el 10 de diciembre de 2023; en la administración de Javier Milei.^[1]​

Nació el 6 de abril de 1968, en la ciudad argentina de Buenos Aires.

Tras realizar estudios en la Universidad de Belgrano (1999-2003), obtuvo la licenciatura en periodismo.^[1]​ Tiene una licenciatura en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral (2016-2019). Además, cursó estudios de posgrado en políticas familiares en la Universidad Internacional de Cataluña (2017-2018).^[2]​^[3]​

En septiembre de 1993, contrajo nupcias con el actor Pablo Rago, de quien se divorció al año siguiente.^[4]​

Como productora periodística, trabajó en radio El Mundo, DK Group, y en La Cornisa, programa de Luis Majul. ^[5]​

Se afilió a la Unión del Centro Democrático a los 19 años y en 2021 se convirtió en la vicepresidenta del partido.^[6]​

Participó en las elecciones legislativas de 2023, como candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no resultó electa y fue convocada por Javier Milei para ser la ministra de un nuevo ministerio que involucraría a cuatro existentes hasta ese momento: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Salud.^[7]​^[8]​

El 10 de diciembre de 2023, con el inicio de la administración de Javier Milei, se modificó la cantidad de ministerios existentes que abarcaría Capital Humano, se eliminó el Ministerio de Salud y se sumó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.^[9]​^[10]​

El 18 de diciembre de 2023 anunció una serie de medidas que tomaría el Ministerio de Capital Humano en contra de los «piquetes», con el objetivo de respetar el derecho de los ciudadanos argentinos a circular libremente para dirigirse a su trabajo.^[11]​ Anunció una auditoría a todas las organizaciones que manejasen los planes sociales, la eliminación del certificado de presencialidad de los grupos piqueteros para que las personas que fueran alcanzadas por los beneficios sociales no pudiesen ser obligadas a marchar bajo la posible amenaza de perder su plan, el corte permanente del plan social a las personas que corten las calles (Los únicos que no van a cobrar son los que vayan a la marcha y corten la calle),^[11]​ el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar y la duplicación de la Asignación Universal por Hijo.^[12]​^[13]​^[14]​A raíz de estos anuncios, se articuló una serie de publicidades estatales bajo el lema «El que corta no cobra», presentes en ubicaciones como estaciones de tren y en un comunicado en la aplicación móvil «Mi Argentina».^[15]​^[16]​ El 11 de abril, se profundizó esta postura, a partir de una resolución dictada por el Ministerio que habilita al Gobierno a quitar automáticamente los planes sociales a aquellas personas que comentan actos vandálicos durante manifestaciones o corten calles o puentes.^[17]​

El 1 de febrero de 2024 salió a la calle a enfrentar personalmente una manifestación de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que denunciaba que desde que asumió Milei se cortó el envío de alimentos a los comedores populares. La ministra declaró que recibiría personalmente a cada persona que tenga hambre.^[18]​^[19]​ El 5 de febrero de 2024 se formó una fila de aproximadamente 40 cuadras de personas dispuestas a reunirse con la ministra pero la misma se negó a recibirlas.^[20]​^[21]​^[22]​ El fenómeno fue conocido como "la fila del hambre". ^[23]​ El mismo 5 de febrero, Pettovello fue denunciada penalmente por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y por suspender la entrega de alimentos básicos a comedores.^[24]​^[25]​

En el mismo sentido se expresó la Conferencia Episcopal Argentina que emitió un duro comunicado dirigido a la ministra donde afirma que "cientos de miles de familias se les hace cada vez más difícil alimentarse bien".^[26]​

La ministra acordó la entrega de 177 millones de pesos para la compra y distribución de módulos alimentarios a una organización cercana a LLA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACEIRA). La ACEIRA apoyó la campaña presidencial Javier Milei, siendo el presidente de dicha organización el encargado de elevar una oración en representación de las iglesias evangelistas durante la asunción de Milei; además siendo la hija del vicepresidente de ACEIRA una diputada nacional de LLA.^[27]​^[28]​^[29]​

En marzo de 2024, se anunció el lanzamiento de los vouchers educativos, una promesa de campaña del presidente Javier Milei.^[30]​ Se trata de un nuevo sistema de financiamiento de la educación, por el cual se da un subsidio a la demanda (padres de los alumnos) en lugar de la oferta (instituto educativo).^[31]​ El voucher inicialmente tiene un tope inicial de 27 mil pesos argentinos (32 USD).^[32]​ Al 10 de mayo, un total de un millón de estudiantes argentinos serán cubiertos por el voucher.^[33]​

Para abril de 2024, renunciaron diversos funcionarios del ministerio de Capital Humano: Maximiliano Keczeli (quien se desempeñaba como secretario de Coordinación Legal y Administrativa), Gerardo Marcelo Hita (director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales), Ricardo Daniel Spartano (funcionario de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa) y además varios funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.^[34]​^[35]​^[36]​

En los primeros cuatro meses del 2024 se registraron demoras y faltas de pagos en el Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE). Dicho programa consiste de una asignación económica equivalente al 80% del salario mínimo, vital y móvil para jóvenes sin cuidados parentales, por lo que la demora y falta de la misma devino en que dichos jóvenes se quedaran en situación de calle o hayan tenido que volver a hogares de violencia doméstica. Desde el gobierno se sostiene que se trata de “una cuestión administrativa” y que “la intención no es discontinuar el PAE”.^[37]​^[38]​^[39]​

El 13 de mayo de 2024, el Ministerio de Capital Humano formuló una denuncia por "incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública" ya que según una auditoría interna aproximadamente la mitad de los comedores y merenderos inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM) no existían (ya sea porque nunca existieron o porque dejaron de funcionar hace años) y se habría girado fondos desde el Estado Nacional a cuentas bancarias que no respondían ni a comedores ni centros sociales.^[40]​ Se constató un caso particular de un supuesto comedor inexistente que "funcionaba" en un barrio privado (country).^[41]​Sin embargo también se dio a conocer que uno de los comedores denunciados como inexistente se encuentra en funcionamiento de lunes a viernes e incluso recibió a los funcionarios de la auditoría.^[42]​

Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto.

El 28 de mayo de 2024, organizaciones sociales nucleadas en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, denunciaron en el fuero federal a la ministra Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público,^[43]​ alegando que el gobierno de Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, no distribuyó alimentos a los comedores populares desde la asunción al poder, a pesar de haber sido adquiridos por la administración anterior y encontrarse almacenados convenientemente, algunos a punto de su vencimiento.^[43]​ Este hecho, que se venía denunciando desde febrero,^[44]​ llevó a que el 27 de mayo la Iglesia acusara a Milei de retener casi 6 millones de kilos de comida que no estaban siendo repartidos entre los más necesitados en medio de una emergencia alimenticia.^[45]​ Un grupo de sacerdotes, encabezados por el cura y activista Francisco Olvera y el lema “Si nuestro pueblo no come, nosotros tampoco vamos a comer”, inició una huelga de hambre hasta que el gobierno no los repartiese.^[46]​^[47]​

Ante esta situación, Manuel Adorni, portavoz presidencial, reconoció la existencia de esa cantidad de alimentos y aclaró que "los alimentos se van a repartir y van a llegar a la gente que le tiene que llegar" y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, se excusó afirmando que "no se guarda nada, todo lo contrario, lo que hace es impedir que se robe comida".^[48]​

El 27 de mayo un fallo judicial intimó al gobierno a repartirlos en un plazo de 72 horas y este prometió dar explicaciones sobre las razones de por qué eso no estaba ocurriendo.^[43]​^[49]​El gobierno apeló esta decisión de la justicia, aunque reconoció que hay productos cercanos a vencerse y aseguró que hará entrega de los mismos de forma inmediata con la colaboración del Ejército. A su vez, fue desplazado por "mal desempeño" el funcionario Pablo de la Torre, secretario del área de Niñez, Adolescencia y Familia del ministerio, quien se ocupaba de la política de seguridad alimentaria y había dicho que la comida guardada era para situaciones de emergencia y catástrofes,^[48]​ acusado de no haber realizado un control permanente de stock y de vencimiento de la mercadería.^[50]​

El 1 de junio se realizaron allanamientos en los galpones, ubicados en Villa Martelli y Tafí Viejo, donde se almacenaron los alimentos en cuestión, por considerar los jueces federales a cargo de las causas (Sebastián Casanello en la ciudad de Buenos Aires y José Díaz Vélez en Tucumán)^[51]​ la desobediencia y poca fiabilidad de las autoridades ministeriales, al incumplir la orden judicial de arbitrar un plan de reparto de los alimentos en comedores y merenderos y haber presentado listados con diferentes cantidades de mercadería según quien lo requiriera.^[52]​ El resultado de las actuaciones fue que se encontraron otras 2,7 toneladas de distintos productos alimenticios en el galpón ubicado en Tucumán, que se agregaron a las 5,9 almacenadas en Villa Martelli.^[51]​

El 5 de junio, la Cámara de Casación ratificó la decisión del juez Casanello e intimó al ministerio a que, en un plazo de 24 horas, presente un plan de distribución de toda la mercadería guardada^[53]​ y no sólo de la leche en polvo próxima a vencer, para lo que se había firmado un acuerdo con la fundación CONIN, propiedad del Opus Dei y que afirmó no tener la logística de poder repartirla.^[54]​

En mayo de 2024, tanto ella como el secretario Pablo de la Torre, fueron denunciados penalmente por asociación ilícita y malversación de fondos públicos, tras revelaciones periodísticas que pusieron al descubierto contrataciones irregulares y pago de sobresueldos en el ministerio a su cargo.^[55]​^[56]​^[57]​

Al mismo tiempo, la ministra presentó una acusación ante la Oficina Anticorrupción contra sus propios funcionarios, encabezados por De la Torre, en medio de los hechos relacionados con la falta de distribución de la mercadería almacenada, pero sin relación con el alimento guardado y vencido, como se hizo trascender en un primer momento, sino con un convenio que se habría hecho con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con fondos que se habrían usado para pagar a funcionarios que aún no tenían designación y dar sobresueldos a otros. Con esos fines se habrían utilizado acuerdos que son habituales, pero que en realidad se destinan a la contratación externa de especialistas para proyectos puntuales.^[58]​

Además, el dirigente social Juan Grabois denunció que una integrante de su equipo de seguridad la acompañó a los tribunales portando un arma.^[59]​Por su parte, el propio De La Torre acusó a la custodia ministerial de retener al funcionario Federico Fernández, director administrativo de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y amenazarlo a punta de pistola, para forzarle una declaración que finalmente exculpase a Pettovello.^[60]​